¿A dónde queremos volver?

Cuando los medios de comunicación y los gobiernos de todo el mundo comenzaron a hablar del retorno a la normalidad como un objetivo deseable, distintos sectores de los movimientos sociales coincidieron en que ese deseo no era realmente colectivo. Señalaron que aquella normalidad se correspondía con un orden excluyente y desgastado, agravado por una crisis sanitaria mundial, el recorte de libertades públicas y un apreciable aumento del pánico social. 

La pandemia, que por un momento se presentó como una oportunidad de convertirnos en una mejor sociedad, terminó por profundizar las desigualdades sociales. Pero asumir esta realidad de ninguna manera podría significar un deseo de volver a la normalidad. Desde el activismo se sostuvo que el COVID-19 y las políticas públicas pensadas para contrarrestar sus efectos no hicieron más que reafirmar un estado de cosas preexistentes: los ricos se hicieron más ricos, los pobres más pobres, las mujeres siguieron cuidando y, en España, las personas migrantes irregulares no consiguieron dar con aquella anhelada insignia en forma de tarjeta de residencia que las reconoce como seres merecedores de ciertos derechos fundamentales (como las ayudas para sobrevivir a la pandemia). El conflicto capital-vida está más vigente que nunca y, como era de esperar, el primero lleva ventaja.

Los colectivos de mujeres migrantes lo saben mejor que nadie.

Cuando se llega a España sin permiso de residencia y de trabajo, habitar este territorio no es nada fácil. Pues, si aceptamos que la calidad de vida de las personas está fuertemente condicionada por el trabajo que se realiza, cabe considerar que el abanico de opciones laborales de las mujeres en situación administrativa irregular, sobre todo en las ciudades, se reduce a la limpieza, los cuidados y la prostitución.

Es sabido que estos sectores han estado históricamente excluidos del concepto hegemónico de trabajo: cuidar y limpiar en el ámbito del hogar no ha sido reconocido por la ley como verdadero trabajo hasta 1985 y prestar servicios sexuales todavía parece demasiado inmoral como para afirmar jurídica y socialmente que allí existe una actividad laboral. En España se habla de feminización de la pobreza, pero poco se dice sobre las intersecciones que operan entre el género y la raza; entre la (falta de) regulación laboral o criminalización del trabajo (sexual) y las consecuencias del actual régimen de extranjería.

Para entender estas dinámicas podemos recurrir a la vieja idea del círculo vicioso: una mujer sin papeles no puede acceder a un trabajo formal por su situación administrativa y tampoco puede regularizarse por encontrarse trabajando en sectores donde prima la informalidad. Y el círculo se agranda si consideramos que cuando por fin consiguen los papeles (a fuerza de muchísima voluntad, estrategias y alianzas), difícilmente pueden cambiar de rubro. Pues después de más de 3, 5 o 10 años ejerciendo una actividad informal desacreditada, encontrar un trabajo distinto es prácticamente imposible.

A la vez, el estado de alarma supuso la suspensión del derecho a la libre circulación y un aumento del control policial en las calles, lo cual afectó, de manera especial, a las mujeres sin papeles. Porque para quien trabaja en actividades informales, dejar de trabajar implica dejar de comer, y esto nunca puede ser una opción. Muchas mujeres siguieron generando estrategias para obtener ingresos, pero con un temor exacerbado por los controles policiales y la posibilidad cierta de ser multadas y, por qué no, encerradas en un CIE y expulsadas del país. Las trabajadoras sexuales fueron más criminalizadas de lo usual, las cuidadoras debieron quedarse encerradas en las casas de sus empleadores y las limpiadoras fueron despedidas sin indemnización justa ni derecho al paro.

Aunque al inicio de la pandemia el gobierno anunció una serie de medidas dirigidas a apoyar a diferentes colectivos de mujeres, son numerosas las denuncias de ineficacia e inconsistencia de las mismas. Por un lado, se aprobó un subsidio extraordinario único para trabajadoras de hogar; por otro, desde el Ministerio de Igualdad, se gestionaron ayudas para mujeres en situación de prostitución. Los grupos y las redes de apoyo de las trabajadoras en estos ámbitos han señalado repetidas veces la imposibilidad de acceder a estas ayudas por parte de las mujeres en situación administrativa irregular, incluidas las víctimas de trata de personas. Este hecho refleja a la perfección cómo las medidas pensadas y diseñadas desde el asistencialismo estatal (y desde el abolicionismo) terminan por incumplir el que debería ser su objetivo principal: garantizar la protección de los derechos de las mujeres afectadas. Pero quizás lo más grave sea que, desde el feminismo institucional, se han usado las consecuencias de la pandemia para erigir políticas legislativas contra las necesidades y los intereses de las trabajadoras sexuales, tales como la tercería locativa. De esta manera, terminaron por negar, una vez más, la condición de sujetas del feminismo con voz y agencia propia de las mujeres migrantes trabajadoras.

Sin embargo, mientras los efectos de la pandemia se prolongan y el gobierno debate medidas excluyentes, las compañeras afectadas siguen auto-organizándose y luchando colectivamente, generando redes de apoyo y reciprocidad. Las compañeras, desde estos lugares, continúan elevando sus demandas y gritando a viva voz que no quieren volver a la normalidad, ni a nada que se le parezca. Las trabajadoras migrantes quieren cambios reales; quieren hacer la revolución. Una revolución que debe ser feminista, pero también debe ser antirracista y anticlasista si queremos que sea una revolución genuina.

*Por Tamara González Fernández, activista feminista y abogada, colaboradora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, doctoranda en la Universidad de Barcelona, investigadora sobre trata de personas con fines de explotación sexual, trabajo sexual y derechos humanos; y Manuela Fernández Bocco, activista feminista y jurista, colaboradora en la Clínica Jurídica dret al Dret de la Universidad de Barcelona y activista en el sindicato independiente de mujeres migrantes trabajadoras del hogar Sindihogar.

*Las opiniones expresadas en este espacio de discusión son responsabilidad exclusiva de sus autoras y no necesariamente compartidas por todo el equipo del Foro de debate ni por el Instituto de las Mujeres.

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