Ya sabemos que la pandemia ha impactado de manera desproporcionada en las mujeres, poniendo en evidencia la pobreza y la desigualdad que desde hace mucho tiempo viene denunciando el movimiento feminista. Sin embargo, ese impacto no se vive de manera uniforme dentro de las mujeres. No es suficiente el enfoque de género para valorar esta situación, hace falta también un enfoque de raza, uno de status jurídico, uno interseccional para reconocer cómo ha sucedido ese impacto.

Las personas migrantes en España y especialmente las mujeres, viven una situación de discriminación y precariedad generalmente normalizada e invisibilizada. Algo que incide directamente en su salud y sus vidas. Podríamos pensar que esta situación afecta solamente a las mujeres migrantes con situación administrativa irregular, pero en verdad, afecta también a mujeres en situación regular como las solicitantes de protección internacional; más concretamente, solicitantes de asilo. Para explicarlo brevemente; las personas que solicitan asilo en España y que huyen de sus países por diversas situaciones de riesgo inminente para sus vidas y las de sus familias; están en ella de manera regular hasta que se emita una respuesta frente a su solicitud y en teoría podrían trabajar, estudiar, tener asistencia sanitaria, etc, durante ese tiempo; que en la práctica es sumamente variable, puede ser uno, dos, o incluso tres años.

Ahora bien, aunque en teoría España garantiza salud universal, en realidad no funciona así. El RDL 7/2018 establece que sólo podrán recibir asistencia las personas que demuestren llevar más de 90 días residiendo en el país (tiempo máximo que una persona turista puede permanecer en él). Sin embargo, esto se ha utilizado para negar la asistencia sanitaria a las personas migrantes y a personas con situaciones de vida precarias; para quienes aportar un padrón es imposible. Esto lo viene denunciando hace mucho tiempo el colectivo “Yo Sí Sanidad Universal”. Pero además el RDL 7/2018 eliminó las excepciones contenidas en la anterior ley respecto de personas que siempre tendrían la atención garantizada, tales como la infancia y las mujeres embarazadas y eso ocasionó una mayor desprotección pues la exclusión sanitaria ahora es generalizada, sin considerar si se trata de sujetos de especial protección por parte del derecho internacional de los derechos humanos.

La pandemia visibilizó esa exclusión de unas nuevas formas, por ejemplo que el Ministerio de Sanidad no contara con ningún protocolo para la vacunación de las personas migrantes o que en lugar de priorizarse la atención médica, la negación sanitaria en ciudades como Madrid aumentara en medio de la pandemia. Han sido muchas las denuncias por parte de diversos colectivos antirracistas, ONG e incluso trabajadoras del sistema sanitario, sin embargo, la discriminación persiste. Y aunque la exclusión es generalizada, me resulta necesario destacar el impacto que ha tenido en la vida de las mujeres ocasionando la negación absoluta de sus derechos sexuales y reproductivos. No pueden acceder a información, a servicios de anticoncepción, las mujeres embarazadas no tienen acceso a monitoreos, controles, asistencia nutricional y todo lo relacionado al proceso de gestación. Ni qué decir sobre las que requieren abortar, que además viven con el constante temor de sufrir represiones judiciales si lo hacen fuera de los plazos legales, algo a lo que se ven abocadas luego de insistir en la sanidad pública y solo encontrar rechazo.

La excusa más frecuente por parte de los centros de salud para negar la asistencia médica a las solicitantes de asilo suele ser el vencimiento del documento acreditativo de solicitud de protección internacional, pues renovarlo suele ser un proceso dispendioso dada la dificultad que supone conseguir citas para el trámite (el sistema está colapsado). Es decir, por una falta atribuible a la administración, les niegan el acceso a la salud y muchas tienen que recurrir incluso a reclamaciones administrativas para conseguirlo, como en el caso de “Marcela”, una mujer solicitante de asilo a quien acompañe para conseguir que le atendieran su embarazo. Y no es para menos, si incluso en las formaciones al personal que trabaja en los centros de salud, se les ha dado instrucciones de no atender a embarazadas con más de 38 semanas de gestación por considerarlas «mujeres que vienen aquí a parir».

Así que es verdad, las mujeres sufrimos estas discriminaciones con mayor rigor, pero dentro de nosotras hay quienes lo llevan peor, quienes siguen siendo olvidadas, ninguneadas, quienes no importan al Estado y en ocasiones también se ven invisibilizadas en espacios académicos o de movilización social. De ahí que los espacios críticos y de reflexión académica sean necesarios para cuestionar, visibilizar y exigir derechos para todas.

No es igual vivir los rigores de la pandemia siendo mujer, que siendo mujer migrante en situación irregular o solicitante de asilo; para ellas las exclusiones médicas están a la orden del día, aun en una situación de urgencia sanitaria mundial. Los análisis frente al derecho a la salud, como frente a todas las cuestiones de justicia social, deben ser feministas y no pueden ser tal si no están dados mediante un enfoque interseccional que incorpore a todas las mujeres y sus necesidades. La situación de las mujeres en medio de la pandemia no puede ser contada si no contamos también con las historias de las mujeres migrantes.

*Por Dayana Méndez Aristizábal, Investigadora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba

*Las opiniones expresadas en este espacio de discusión son responsabilidad exclusiva de sus autoras y no necesariamente compartidas por todo el equipo del Foro de debate ni por el Instituto de las Mujeres.