Por María del Carmen Barranco, Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la UC3M y directora del IDHPB
Que la pandemia ha impactado desproporcionadamente sobre las mujeres es un hecho. Factores relacionados con nuestro rol social y la peor situación previa de partida -mayor precariedad laboral, mayor representación en empleos relacionados con actividades esenciales…-, nos han expuesto particularmente a los impactos negativos de la pandemia y de una gestión que ha incorporado escasamente a las mujeres y no siempre ha proyectado una mirada de género. Es también incontestable que la pandemia se ha cebado especialmente con algunas mujeres y, entre otros elementos, la edad ha jugado un papel fundamental en ello.
Si las personas comprometidas con los derechos humanos estamos alarmadas por cómo la respuesta a la pandemia se ha traducido muchas veces en graves vulneraciones para las personas mayores, para tener una imagen más clara de lo que está ocurriendo, no podemos desconsiderar el resultado de la interacción entre sexismo y edadismo. Un edadismo, dicho sea de paso, que opera de forma diferente en relación con las mujeres mayores y con las niñas, pero que en todo caso ha tenido que ver con que la respuesta se haya construido sin tener suficientemente en cuenta su realidad.
Las mujeres, en tanto que mayores, se han visto desproporcionadamente perjudicadas por la crisis causada por el SARS-CoV-2, pero, en tanto que mujeres, arrastran los efectos del sexismo a lo largo de su vida (por ejemplo, la mayor precariedad laboral se traduce en altas tasas de pobreza entre las mujeres mayores). Además, edadismo y sexismo hacen que la imagen que de ellas tiene la sociedad justifique su mayor desventaja con respecto a los hombres mayores (los estereotipos de fragilidad e improductividad desde los que el edadismo representa a las personas mayores se ceban con las mujeres). Adicionalmente, en tanto que mujeres y en tanto que mayores ocupan espacios en los que ha sido mayor su exposición a la pandemia y a la discriminación basada en el sexo y en la edad, que la misma pandemia ha hecho patente y agravado.
La incidencia de la enfermedad y su letalidad en la residencias es sobradamente conocida, hasta el punto que el trato a las personas residentes está sometido a investigación, también en la residencias se ha vivido de forma agravada el aislamiento y se ha sentido especialmente la dificultad de acceder a los servicios sanitarios. Pues bien, recordemos que las mujeres son mayoría abrumadora entre las personas mayores institucionalizadas, con los datos disponibles de 2011 (el Censo de Población y viviendas de 2021 pretende abarcar a las personas residentes en establecimientos colectivos).
Asimismo, la foto de la dependencia en nuestro país es una foto de mujeres; a veces las mujeres mayores son las cuidadoras, y claramente las mujeres son en mayor medida solicitantes y usuarias de los servicios de dependencia. Si, en general, el impacto de la pandemia sobre las personas en situación de dependencia ha sido brutal, es fácil entender que cuantitativamente este impacto ha sido todavía más grave sobre las mujeres mayores.
Pero también lo ha sido cualitativamente, por su ya aludida mayor precariedad, porque de entrada se consideran menos felices y porque la brecha digital es mayor para las mujeres que para los hombres mayores, lo que ha contribuido a su mayor aislamiento y mayores dificultades para acceder a los servicios que todavía hoy se mantienen en buena medida con carácter on line (Un perfil de las personas mayores en España).
Son también en su mayoría mujeres mayores las personas que viven solas en España. Lo que ha supuesto otro factor de agravamiento del impacto de la pandemia sobre ellas. Pero algunas mujeres mayores que no viven solas han experimentado como el resto de las mujeres la mayor exposición a la violencia de género que se ha producido durante la pandemia. Por si fuera poco, las mujeres mayores son frecuentemente olvidadas cuando se trata de tomar decisiones, no solo porque se olvide su existencia, sino porque también se las excluye de los procesos.
En el caso de las niñas, cuya situación de nuevo el edadismo y el sexismo han contribuido a invisibilizar, el sufrimiento ocasionado por la pandemia también ha sido mayor. Las niñas, como mujeres, han estado expuestas a situaciones de violencia y abuso durante la pandemia. Por otro lado, la ralentización y suspensión de los programas relacionados con prácticas especialmente nocivas para las niñas como la mutilación genital y en algunos contextos los matrimonios precoces han implicado su desprotección. Conviene no olvidar, además, que la pandemia ha afectado a los servicios de salud sexual y reproductiva, a veces desconsiderando su carácter esencial y el impacto que esta suspensión podía tener sobre las adolescentes que han encontrado dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, a la atención en relación con embarazos no deseados y la atención a su salud sexual y reproductiva en general.
En los contextos en los que la brecha educativa es mayor, se ha puesto en riesgo la educación de las niñas y se requieren intervenciones urgentes para garantizar su regreso a clases. En este contexto no siempre las niñas cuentan y no todas las niñas cuentan igual. Una vez más es fundamental poner el foco en sus derechos y darles voz en la respuesta.
