La pandemia producto de la COVID-19 ha traído consigo graves y nefastas consecuencias para la materialización de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres alrededor del mundo. Ello, producto del confinamiento, restricciones de desplazamiento, así como también la suspensión u obstrucción en el acceso a los servicios de salud, debido a la congestión de los sistemas de salud de los distintos países, los cuales no se encontraban preparados para enfrentar una crisis sanitaria de tal magnitud. Con todo, dicha afectación –si bien universal para todas las mujeres–, ha calado con más fuerza y de manera más profunda en ciertos grupos de mujeres, cuya situación de vulnerabilidad es aún mayor, debido a que éstas se encuentran en una posición en la cual hay una intersección de factores de opresión y/o discriminación, dando origen a una situación de discriminación interseccional. Este es el caso precisamente de las mujeres rurales, quienes no sólo sufren discriminaciones producto del género, sino también por encontrarse éstas en entornos o zonas rurales o remotas, alejadas de las ciudades o centros urbanos, dedicándose mayoritariamente a la agricultura y al cuidado del hogar y sus familias.
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