I. Hemos dedicado los meses de mayo y junio a debatir sobre el impacto de la pandemia en algunos colectivos de mujeres, abordando la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, mujeres gitanas, mujeres migrantes y refugiadas, mujeres en situación de prostitución, mujeres mayores, niñas y mujeres del colectivo LGTBI, muchas de las cuales se encuentran, además, en situación de pobreza y exclusión social. De este modo, la reflexión, que se extenderá en los próximos meses a las mujeres rurales, se ha proyectado en más situaciones de interseccionalidad de las que habíamos identificado en un primer momento.
II. El debate de estos meses nos ha permitido constatar que las desigualdades no existen aisladas, de manera que la pandemia no sólo intensifica todas, sino que su impacto negativo se multiplica en aquellas personas, como sucede con muchas mujeres, que viven en la intersección entre varios sistemas de opresión. En la medida en que el impacto desproporcionado de la pandemia sobre las mujeres es consecuencia de una distribución desigual del poder social que se justifica desde el patriarcado, sobre todas ellas ha pesado la exposición al virus en trabajos feminizados, los problemas laborales, la sobrecarga de cuidados, el riesgo de ser víctimas de violencia, las amenazas para la salud y la propensión a ser excluidas de la toma de decisiones. Sin embargo, estos problemas han sido más graves cuando, además, han concurrido otros factores relacionados con las situaciones de las mujeres. Por otro lado, las mujeres situadas han afrontado algunas dificultades específicas derivadas de la singularidad de su posición social de desventaja. De este modo, la pandemia no sólo ha acrecentado la brecha entre mujeres y hombres, sino que también ha hecho mayor la brecha entre las propias mujeres.
III. Las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia han afectado particularmente a las mujeres y niñas con discapacidad, profundizando en desigualdades preexistentes. El COVID-19 ha empeorado todos los factores que ya afectaban adversamente a este colectivo, como el desempleo, la precariedad o la pobreza y la exclusión social. La violencia, que en periodos de normalidad las mujeres con discapacidad sufren más que las mujeres en general, se agudizó especialmente durante el confinamiento, situación extraordinaria que también agravó los problemas que habitualmente enfrentan estas mujeres para acceder a medidas protección. Las mujeres con discapacidad, quienes sufren mayores tasas de institucionalización, fueron, además, unas de las principales damnificadas por las deficiencias y el colapso del sistema de atención residencial, por los cuestionables protocolos de derivación sanitaria y por medidas de aislamiento que se prolongaron más allá de su duración para la población en general. Durante la emergencia pandémica la responsabilidad en los cuidados aumentó también significativamente en el caso de las mujeres con discapacidad y de las mujeres cuidadoras de familiares con discapacidad, debido, entre otros factores, a que las ayudas externas con las que contaban en estas tareas no estaban disponibles. El cierre de los centros de apoyo y la interrupción de la atención presencial de los servicios públicos, incluidos los servicios sociales y sanitarios, impide a las mujeres y niñas con discapacidad el acceso a los recursos necesarios para minimizar el impacto negativo de la pandemia y tiene importantes consecuencias para su salud física y mental. Los problemas de accesibilidad de las herramientas online y la brecha digital dificultan el acceso a la información, el mantenimiento de los contactos sociales, el teletrabajo, el acceso a los servicios y a las redes de apoyo formal e informal. La falta de accesibilidad y la improvisación en la implementación de la enseñanza a distancia afectaron a la educación de las niñas con discapacidad durante la crisis sanitaria, mostrando el carácter no inclusivo de nuestro sistema educativo; y, desde luego, fueron también una barrera para las madres con discapacidad. En este contexto, se considera urgente el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y la puesta en marcha de políticas públicas con perspectiva de género y de discapacidad.
IV. De nuevo en el caso de las mujeres gitanas la pandemia ha venido a agravar una situación previa de discriminación estructural e interseccional, redundando en la cronificación de la pobreza y de la exclusión social. En efecto, la crisis sanitaria ha incrementado las dificultades de las mujeres gitanas – afectadas ya particularmente por la segregación escolar, el desempleo, la precariedad, el trabajo informal, y ocupadas en sectores tradicionalmente feminizados – para acceder a un empleo estable y de calidad, para acabar niveles educativos obligatorios y posobligatorios, para acceder a la vivienda y, en general, a todos los servicios públicos, incluidos los servicios de salud. El empeoramiento de su situación socioeconómica, la ausencia de corresponsabilidad en los hogares y la brecha digital que, combinada con los bajos niveles de formación, dificultaron el apoyo a menores durante el cierre de los colegios, han supuesto una carga mental particularmente dura para este perfil de mujeres. Además, la pandemia ha aumentado el antigitanismo que afecta especialmente a las mujeres gitanas, percibidas socialmente de manera homogénea y estereotipada. Este rechazo social ha incrementado las conductas discriminatorias sin que las mujeres gitanas cuenten con la información, los recursos económicos y el apoyo necesario para su denuncia. Teniendo en cuenta lo anterior, se reclama poner en valor la diversidad social y cultural, romper prejuicios y estereotipos, visibilizar y ampliar la participación social de las mujeres gitanas y diseñar tanto políticas públicas inclusivas, integradoras y transversales, como medidas específicas que tengan en cuenta las necesidades de estas mujeres en ámbitos fundamentales de la vida social.
V. Las mujeres migrantes y refugiadas dejan sus países no sólo por las mismas razones que los hombres, sino también por motivos relacionados con la desigualdad de género y vulneraciones de derechos, entre ellas, formas específicas de violencia como el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina. En este caso es necesario analizar cómo afecta la pandemia a toda la ruta migratoria en origen, tránsito y destino, cuestión en la que influyen factores tales como la reducción de las actividades de las organizaciones que brindan protección a estas mujeres, el cierre de fronteras o la ralentización de los procesos de determinación del estatus migratorio. La pandemia está teniendo también impactos múltiples y desproporcionados en las mujeres migrantes y refugiadas, de nuevo un colectivo ya antes de la crisis en situación de especial vulnerabilidad, y, en particular, en las mujeres que, independiente de su formación o cualificación, trabajan como empleadas del hogar y/o cuidadoras, sometidas a una mayor precarización laboral y a un alto riesgo sanitario y que incluso sufrieron un doble encierro en los primeros momentos de la pandemia; en las mujeres en situación administrativa irregular; en las mujeres migrantes cabezas de familia monomarentales que no cuentan con apoyo familiar; en las mujeres sin hogar, o en las mujeres migrantes víctimas de violencia, trata o explotación. El aumento de la pobreza y exclusión social, la brecha digital, la desatención a su salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y a su salud mental, especialmente afectada por la “carga” del proceso migratorio, o el aumento de la discriminación racial y étnica son también cuestiones especialmente preocupantes. Para abordar esta situación resulta esencial que los Estados, de conformidad con el Derecho Internacional, asuman sus obligaciones de protección reforzada adoptando medidas específicamente dirigidas a paliar el impacto de la pandemia en las mujeres migrantes y refugiadas que deben diseñarse contando con su participación. Asimismo, es crucial plantearse cómo la posible consolidación de un cambio de paradigma en la movilidad internacional por las restricciones sanitarias puede afectar a las mujeres migrantes y refugiadas y qué respuestas deben articularse.
VI. La crisis del COVID-19 ha provocado que muchas mujeres tengan que recurrir o volver a la prostitución debido a que perdieron sus empleos, en muchos casos precarios, informales y en el ámbito de los cuidados. La presencia de mujeres españolas en contextos de prostitución ha aumentado exponencialmente. La realidad de las mujeres en situación de prostitución es diversa y también lo son sus posibilidades de subsistencia durante la pandemia. No obstante, en todos los casos la crisis ha puesto en evidencia su vulnerabilidad y empeorado significativamente sus condiciones de vida. Pueden subrayarse como principales problemas los siguientes: muchas mujeres, al no tener otra posibilidad, han tenido que seguir ejerciendo la prostitución tanto en el confinamiento como durante la pandemia a pesar del miedo al contagio (superado a la fuerza por la urgencia de cubrir sus necesidades más básicas y las de sus familias y, en su caso, pagar las deudas con las mafias); las mujeres más vulnerables se han quedado sin vivienda y no han podido acceder a las ayudas públicas por la complejidad de los requisitos burocráticos o por estar en situación administrativa irregular ni, en ocasiones, a los sistemas públicos de salud, recibiendo apoyo únicamente de las ONGs; muchas mujeres han estado encerradas con sus tratantes o maltratadores sin poder salir a la calle; las medidas de prevención sanitaria son imposibles de aplicar en muchas situaciones y, ante la asfixia económica, las mujeres han tenido que aceptar prácticas de más riesgo por menos dinero. En este contexto, parece importante exigir la intervención de las Administraciones Públicas para asegurar el acceso a las ayudas y a condiciones de vida dignas y para garantizar oportunidades reales para que las mujeres que quieran puedan abandonar la prostitución.
VII. Las personas mayores han sido las que en mayor medida han sufrido el impacto de la pandemia y, dentro de ellas, las mujeres se han llevado la peor parte tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Las mujeres son más numerosas entre las personas que cuidan y entre las que son cuidadas, también hay más mujeres que hombres en instituciones residenciales para personas mayores y son más mujeres que hombres las personas mayores que viven solas y que por esta razón se han encontrado aisladas, con el agravante de que la brecha digital es mayor. Si finalmente se toma la oportunidad que la crisis brinda para afrontar el edadismo, es absolutamente necesario que las intervenciones tengan en cuenta la voz y la perspectiva de las mujeres mayores.
VIII. Las niñas, como los niños, han sufrido las dificultades económicas de las familias y las situaciones de violencia de género y, como mujeres, han estado expuestas a la violencia y a los abusos (por ejemplo, han sido víctimas de delitos cometidos por medios digitales en mayor medida que los niños) y han tenido que asumir en un porcentaje mayor tareas en las casas. Además, a nivel global, se requiere una intervención inmediata teniendo en mente los derechos de las niñas para que la pandemia no nos aleje del objetivo de la igualdad de género. Efectivamente, en contextos en los que las niñas tienen dificultades para el acceso a la educación, existe un grave riesgo de que un enorme porcentaje de ellas que ya estaba incluido en los sistemas educativos vuelva a descolgarse. La situación es grave, entre muchas otras razones, porque es posible establecer una relación entre menor educación y mayor riesgo de explotación laboral y matrimonio infantil. Es urgente, asimismo, reanudar y reforzar los programas orientados a la eliminación de prácticas nocivas como esta del matrimonio precoz y otras como la mutilación genital. La crisis ha comprometido los derechos sexuales y reproductivos de las niñas multiplicando el riesgo de embarazos no deseados y dificultando la interrupción voluntaria. Las instituciones deben tener muy en cuenta estas consecuencias e intervenir desde ya. Conviene no olvidar, por otro lado, que las niñas de hoy son las mujeres del mañana, por lo que la educación, que precisamente ha quedado maltrecha al hilo de la crisis sanitaria, y específicamente la educación sobre sus derechos y las vías para hacerlos valer, resulta un vector fundamental para impulsar la igualdad.
IX. También las mujeres del colectivo LGTBI han sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia. Las medidas para quedarse en casa, el aislamiento, el aumento del estrés y la exposición a convivientes, incluidos familiares, poco respetuosos han exacerbado las tensiones y el riesgo de violencia, con un impacto particular en las mujeres mayores y jóvenes, y les han obligado a reprimir su orientación sexual, identidad y expresión de género. Las mujeres del colectivo han experimentado un fuerte sentimiento de soledad durante el confinamiento en tanto su principal círculo de confianza está conformado por otras personas LGBTI con quienes se encontraban en espacios públicos. El estigma y la discriminación han aumentado el riesgo de conductas abusivas y de odio. En general, se ha incrementado la exclusión, las dificultades para la inserción laboral y el acceso a la vivienda. En particular, las mujeres trans se han enfrentado durante la pandemia a un limbo administrativo, no han podido acceder con normalidad a tratamientos hormonales o de reasignación de sexo o a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos el tratamiento y prevención de enfermedades de transmisión sexual; y quienes trabajan en contextos de prostitución, a los que las mujeres trans se ven especialmente abocadas por la falta de oportunidades, han sufrido especialmente los problemas apuntados en el punto VI. A la vista de lo anterior, es urgente deconstruir el estigma y la discriminación, dar visibilidad al colectivo en las políticas públicas, empoderar a estas mujeres y abrir espacios de participación garantizando oportunidades de desarrollo profesional en diferentes áreas.
X. La pobreza y exclusión social opera como un factor transversal que expone a las mujeres y a las niñas a sufrir desproporcionadamente las consecuencias de la pandemia e intensifica su situación de vulnerabilidad. En los debates del mes, además de subrayarse la incidencia de este factor en los colectivos en los que se ha centrado la discusión, se ha destacado cómo la crisis sanitaria ha incrementado el porcentaje de hogares de familias monomarentales en especial riesgo de pobreza y de exclusión social.
XI. La ausencia de una perspectiva interseccional en la gestión de la pandemia, la invisibilización de la diversidad de las mujeres y la falta de reconocimiento han provocado que las situaciones de desprotección de estas mujeres hayan pasado en gran medida inadvertidas y que no se las haya tenido suficientemente en cuenta en la construcción de las respuestas frente a la pandemia y la postpandemia. Es imprescindible adoptar medidas que presten atención al impacto diferenciado de la crisis en ámbitos considerados clave en relación con las distintas mujeres. Resulta esencial contar con datos desagregados, no disponibles en muchos casos en este momento, que permitan un diagnóstico certero de la realidad sobre la que se pretende actuar y un adecuado conocimiento de la situación y las necesidades de cada colectivo de mujeres en aras de diseñar políticas públicas eficientes. El género es una cuestión transversal que ha de tenerse en cuenta en todas las medidas de gestión y respuesta a la pandemia, cualquiera que sea el colectivo al que se dirijan.
XII. Como ejes clave de la gestión futura de la pandemia y postpandemia en el caso de las mujeres situadas, pueden mencionarse, entre otros: la necesidad de utilizar los fondos de recuperación para reforzar los dispositivos de protección social y los servicios públicos y de salud; de poner en marcha un modelo de cuidados justo, accesible y de calidad que reconozca el derecho de las personas a cuidar y ser cuidadas; de implementar apoyos en la comunidad; de potenciar la corresponsabilidad; de garantizar el acceso a la educación inclusiva, la información sobre derechos y el acceso a la justicia; de mejorar la alfabetización digital; de asegurar la participación y el liderazgo de las diversas mujeres en la toma de decisiones; y de potenciar el apoyo a las organizaciones que trabajan con mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
XIII. Escuchando experiencias directas hemos podido constatar que, en muchas ocasiones, aunque se hayan arbitrado algunas medidas con perspectiva de género desde las Administraciones Públicas, las respuestas, en especial en los primeros y más graves momentos de la emergencia sanitaria, han venido de la mano de asociaciones y movimientos que trabajan con estas mujeres situadas en el terreno, que conocen de primera mano sus necesidades y los problemas a los que se enfrentan y que han suplido la falta de acción de las instituciones. Con independencia de que se considere imprescindible la actuación de los poderes públicos, como principales responsables de remover las barreras que dificultan la igualdad real y efectiva, es importante resaltar que en muchos casos las intervenciones de la sociedad civil se han articulado como auténticas respuestas de resistencia feminista. Por ello, uno de los objetivos del mes de julio será recopilar estas buenas prácticas para tratar de extraer enseñanzas para el futuro que permitan que la salida de la crisis no deje a ninguna mujer atrás.
Mujeres frente a la pandemia 